Registro de «vándalos e incivilidades»: la lista que te podría dejar sin beneficios
El Presidente Kast firmó un proyecto para crear una lista nacional de infractores. Si entras, podrías perder la gratuidad, la PGU o un subsidio. Te lo explicamos ¡Así de Simple!

El Presidente Kast firmó un proyecto para crear una lista nacional de infractores. Si entras, podrías perder la gratuidad, la PGU o un subsidio. Te lo explicamos ¡Así de simple!
En su primera Cuenta Pública (junio 2026), el Presidente José Antonio Kast anunció y firmó un proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades: una base nacional de datos sobre personas condenadas o sancionadas por dañar el espacio público o la convivencia. ¿Cuál es la idea de fondo? que quien rompe, raya o agrede, “responda” no solo ante la justicia, sino también perdiendo ayudas del Estado.
¿Qué conductas te incluirían en el listado?
El Gobierno detalló varias. Algunas son delitos graves; otras, faltas más cotidianas:
- Atentar contra Carabineros o personal de salud en funciones.
- Bloquear o retener el transporte público; quemar buses.
- Dañar monumentos nacionales o equipamiento comunitario.
- Rayados sin autorización en bienes públicos o privados.
- Consumo de drogas en la vía pública, tráfico y venta ilegal de alcohol.
¿Qué te pueden quitar si entras a esta lista?
Acá está el punto polémico. Según el proyecto, quien quede en el registro podría perder o no tener derecho a acceder a: el sistema de gratuidad en educación superior; la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el Subsidio de Arriendo. Además de posibles trabas para obtener licencia de conducir; pasaporte o transferencia de bienes, según detalló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
Ojo: todavía no es ley
Por ahora es solo un proyecto firmado. Para entrar en vigencia tiene que ser discutido y aprobado en el Congreso. Es decir; nada de esto rige hoy en día y el texto puede cambiar en el camino.
Finalmente, ¿cuál es la discusión? El Gobierno dice que busca proteger los barrios y que “todos respondan por sus hechos”. Las críticas apuntan a que mezclar delitos graves con faltas menores (y castigar quitando beneficios sociales) podría ser desproporcionado y golpear justo a los más vulnerables). El debate recién se abre en el Congreso.