La «Tómbola» del Estado: cuando el garante se vuelve verdugo

La educación en Chile se ha convertido en una carrera de obstáculos, desde la admisión escolar hasta la titulación universitaria. Si el Sistema de Admisión Escolar (SAE, popularmente conocido como «tómbola») fue criticado por despojar a las familias de su libertad de elección bajo un algoritmo opaco, hoy presenciamos una metamorfosis aún más inquietante: la extrapolación de esa lógica algorítmica al cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El reciente actuar de la Tesorería General de la República (TGR), mediante el embargo administrativo de cuentas bancarias de ex alumnos morosos, ha sido ejecutado con una frialdad técnica que roza lo arbitrario. Sin aviso previo y mediante procesos automatizados, miles de profesionales han visto cómo el Estado retira fondos de sus cuentas para saldar créditos educativos, muchas veces sin distinguir si esos recursos son destinados a la subsistencia básica. Es, en esencia, una «tómbola del cobro»: un sistema donde el ciudadano se entera de que su cuenta fue vaciada solo cuando intenta pagar el supermercado o el arriendo.

Esta acción abre un debate de dos visiones enfrentadas. Desde una perspectiva de probidad, el argumento es irrefutable: el Estado tiene el derecho y el deber de recuperar los recursos públicos invertidos. Según datos de la Comisión Ingresa, la morosidad del CAE supera el 40%, una cifra que compromete la sostenibilidad del sistema y, en última instancia, el bolsillo de todos los contribuyentes. El capital humano formado debe ser restituido para que el sistema no colapse.

Sin embargo, la indignación pública no nace del derecho al cobro, sino de la asimetría del rigor. La ciudadanía observa con escepticismo cómo el Estado es implacable con el egresado que lucha por llegar a fin de mes, mientras se muestra laxo ante la recuperación de otros capitales o el uso ineficiente de recursos en otros estamentos públicos. La pregunta que surge no es solo «¿es justo cobrar?», sino «¿por qué la urgencia y por qué la opacidad?».

Esta «tómbola financiera» envía una señal peligrosa: la de un Estado que, lejos de actuar como un garante que facilita el desarrollo, utiliza su poder coercitivo con arbitrariedad. Si la idea original de robustecer al Estado era proteger al ciudadano, este tipo de acciones generan el efecto contrario. Nos enfrentamos a una declaración de principios involuntaria: cuando el Estado obtiene demasiado poder sobre las finanzas individuales, el riesgo de abuso crece.

Hoy, la lección es amarga. La «tómbola» que comenzó en la admisión escolar, limitando la libertad de las familias, ha terminado convertida en un mecanismo de recaudación que castiga a quienes, precisamente, el sistema prometió ayudar a surgir. Si el Estado quiere ser garante de la educación, debe empezar por asegurar el respeto a la dignidad y a la transparencia de sus propios administrados, y no mediante el despliegue de una maquinaria de cobro que, en su ceguera algorítmica, termina por sofocar a quienes más debería proteger.